DERECHO ADMINISTRATIVO

Conde-pumpido & del val aBOGADOS

Derecho Administrativo

Desde Conde-Pumpido & Del Val prestamos asistencia letrada en todo tipo de procedimientos administrativos, especialmente los sancionadores, responsabilidad patrimonial y de procedimientos contencioso-administrativos en todas las instancias.

Nuestro equipo de abogadas, cuentan con una amplia experiencia, así como con la capacidad técnica suficiente para recurrir ante la jurisdicción contencioso–administrativa cualquier acto dictado por una Administración u Organismo Público.

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DERECHO ADMINISTRATIVO

El recurso administrativo es un acto dirigido a la Administración Pública, normalmente ejercido a petición de la persona administrada, con el objetivo de obtener, por una vía previa a la judicial, la modificación, revocación o invalidación de una resolución de tipo administrativo con la cual no se encuentra conforme.

En esencia, son tres las clases de recursos que pueden presentarse por la vía administrativa:

– EL RECURSO DE ALZADA. En cuanto al plazo de interposición, será de un mes desde la notificación cuando estemos ante un caso de acto expreso, de tres meses en casos no expresos, o en cualquier momento en actos presuntos a partir de la fecha en la que el silencio administrativo quede expreso.

– EL RECURSO DE REPOSICIÓN. Los plazos de interposición del recurso son de un mes para actos expresos y tres meses para actos no expresos, mientras que la Administración dispone de un plazo máximo de un mes para su resolución (iniciándose, desde ese momento, el silencio administrativo).

– EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. Los plazos de interposición del recurso son 4 años por causa de error documental o 3 meses en el resto de los supuestos.

Una vez agotada la vía administrativa, el interesado todavía puede acudir a la vía judicial para contradecir disposiciones generales o actos expresos o presuntos de la Administración Pública interponiendo un RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. En el caso de presentar un recurso contencioso administrativo, el ciudadano debe estar asistido forzosamente por un abogado al igual que la Administración denunciada.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

La sanción administrativa es el sistema represivo o de castigo que el ordenamiento jurídico encomienda a la Administración Pública.

Por ende, la sanción administrativa es la multa impuesta al ciudadano por una Administración Pública con motivo de la comisión de una infracción administrativa, cuando dicha infracción no tiene la consideración de delito penal. Es decir, la pena es la consecuencia al haber cometido un delito tipificado en el código penal. En cambio, la sanción administrativa es la consecuencia al haber cometido una infracción administrativa recogida en una norma jurídica administrativa. Un claro ejemplo, son las multas de tráfico.

La Responsabilidad Patrimonial de la Administración nace en aquéllos supuestos en los que cualquier órgano de la administración pública, produce un daño antijurídico a una persona física o jurídica como consecuencia de un acto realizado en su normal o anormal funcionamiento y que es cuantificable económicamente. Es decir, para estimar

la responsabilidad patrimonial de la Administración es un requisito fundamental, la existencia de un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público, normal o anormal, y el mal producido.

El procedimiento de responsabilidad patrimonial frente a las Administraciones Públicas se debe iniciar mediante una reclamación en vía administrativa. El plazo para iniciar esta vía es de un año desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o desde que se manifieste su efecto lesivo.

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